Raíces y Memoria

 
 

Vivir para la selva, sin rendirse al siringa

Este texto es un resumen (publicado en la edición 126 el periódico Unidad Indígena) de un ensayo inédito en procura de hilvanar, la historia del genocidio cauchero, donde unos 80000 indígenas murieron.

Por: Ismael Paredes, El Telar de Mantas 

Este trabajo de recuperación de memoria procura hilvanar, en parte, la historia de las víctimas del genocidio cauchero, indígenas que resisten al olvido, pero aún con heridas muy profundas por curar.

Las circunstancias históricas en que sucedió el genocidio en la selva, durante la última mitad del siglo XIX y comienzos del XX, fueron adversas a los indígenas; la incipiente conformación del Estado Nación-colombiano tenía como referente el esquema europeo: Civilización Barbarie de colonización y desterritorialización, como lo expone la historiadora colombiana, Diana Uribe. El exterminio de muchos pueblos indígenas por la actividad de la cauchería, trascurrió paralelo a la conformación institucional, la normatividad y la identidad nacional (que todavía no acaba de definirse) y la pugna política entre los partidos federalistas y centralistas por el poder. Más de 10 guerras civiles, influenciadas por los partidos políticos, el predominio militar y de la iglesia católica, así como los primeros auges económicos empresariales, que se sucedieron entre tanto.

El Maldito Siringa

"¡Ved en lo que ha parado este soñador: en herir al árbol inerme para enriquecer a los que sueñan; en soportar desprecios y vejaciones a cambio de un mendrugo al anochecer! ¡Yo que no he robado para mis padres, robare cuanto pueda para mis verdugos!”,  José Eustasio Rivera, La Vorágine.    

En el Amazonas, una región selvática de América considerada el pulmón ambiental del mundo, donde las culturas ancestrales vieron surgir el origen del Universo y cantaron danzas sublimes a sus dioses, donde todos los seres de la naturaleza confluyen en un aliento de vida y son la vida, y donde reposan las pilares de la creación, unos 40.000 indígenas, mayoría Uitotos, fueron masacrados brutalmente: mutilados, descuartizados, fusilados y quemados vivos.
 
La cultura ancestral de varios pueblos aborígenes fue casi exterminada de la faz de la tierra; los áulicos del dios siringa actuaron sin conmiseración, jugaron sus pretensiones al poder violento y, sin duda, amasaron riquezas incalculables y ganaron poder a costa de la existencia de estos pueblos. Indefensos y humillados miles de nativos, veían llegar la muerte en un festín de sangre y horror; sus verdugos hacían del látigo, el fuego, el fusil y la tortura un carnaval de infamia contra los indefensos indios amarrados y presos.

Clemencia Herrera, indígena uitoto, señala que en el genocidio murieron unos 80000 indígenas y que este un genocidio hasta hoy impune, “¡fue una época macabra! Dejo secuelas muy hondas de olvido y temor, hoy continua el miedo a que lleguen más bonanzas a nuestro territorio, miedo que llegue gente a someter las comunidades; ¡esta incertidumbre está acabando con nuestros pueblos! El genocidio sucedió porque para el gobierno colombiano y la sociedad de entonces los indígenas no existíamos, nos consideraban animales…”

Los responsables del genocidio fueron el peruano Julio Cesar Arana y empresarios peruanos y también colombianos, entre ellos los hermanos Benjamín y Rafael Larrañaga, socios de la Casa Arana, quienes ordenaron y permitieron la masacre; invistieron de poder y armas a capataces y muchachos de confianza. Éstos subordinados ungidos con la venia de ‘barones’ del caucho, y amparados por la ley del más fuerte, que imperaba en la selva, se convirtieron en verdugos de los pueblos indígenas. 

Investigaciones como la del juez peruano Carlos A. Valcárcel, evidencian la capacidad de Arana y otros empresarios del Caucho para comprar y corromper jueces, fiscales, militares y otras autoridades civiles. Además contaban con ‘servidores’ que hacían apología de actos criminales, cometidos por los caucheros, ante la prensa la opinión pública y la comunidad internacional.                                     

El epicentro comercial del látex fue Manaos, Brasil. Este caserío perdido en la selva fue cuna de los ‘barones’ del caucho como Arana, Luis Silva Gómez, Nicolás Suárez, Manuel V. Carioka, Joaquín González, Gómez Araujo y Fermino Garrido, entre otros. En Manaos se levantaban imponentes mansiones, sociedades literarias, poderosas firmas bancarias, ópera, hipódromo, lujosos almacenes, prostíbulos y tabernas: “este pueblo se convirtió en el más grande y siniestro imperio del caucho; se levantaba como isla fantástica en medio de quienes ejercían la violencia y quienes sufrían los rigores de ésta”, narra el documental: El Paraíso del Diablo.

Los hechos que sucedieron en la selva, se dieron bajo la ley del silencio, autoridades militares y civiles, las instancias de justicia, la iglesia y los gobiernos de Perú y Colombia no sólo hicieron caso omiso de las quejas de los recolectores de goma y caucheros justos -también masacrados por los grandes empresarios-, sino que fueron cómplices del genocidio y apetitoso negocio del caucho, como Rafael Reyes, presidente de Colombia en 1904 e impulsor del negocio. Para ello pactó un convenio de navegación fluvial con Perú, que facilitó el transporte y comercialización del ‘maldito siringa’, como los denominaban los recolectores de la época.  

Resistencia
La trata de esclavos, el comercio con ellos, el endeude y la violación carnal de mujeres, fueron métodos de infamia empleados para reducir y explotar a los indígenas y trabajadores. Además del uso del látigo, hasta causar llagas y a veces la muerte, como reprimenda por no alcanzar la cantidad de caucho impuesta; la prisión sin proporcionar alimento a los “reos” hasta producir disentiría; la incineración de personas vivas; fusilamientos, descuartizamientos y mutilaciones, fueron entre otras prácticas de violencia aplicadas contra las víctimas, mayoría indios “cazados” en la selva. De otra parte señalan varios historiadores colombianos como Augusto Gómez, que lo que no acababa el caucho lo diezmaron enfermedades por hacinamiento, falta de atención en salud y precarias condiciones de salubridad.

Los intentos de resistencia, si bien los hubo, fueron anulados por la barbarie de los empresarios caucheros y la desprotección jurídica estatal. La Casa Arana optó por eliminar sistemáticamente a capitanes indígenas y ancianos “peligrosos” que lideraban la resistencia, para ello contaban incluso con apoyo del ejército peruano que había instalado guarniciones en las márgenes del río Putumayo.
 
Clemencia Herrera explica cómo el gobierno peruano, y en algunos casos el colombiano, y los empresarios caucheros armaron a los indígenas, pero luego probaron de su propia medicina: “los armaron y, claro, fue una incitación a la guerra, hubo levantamientos como el de la Sección Atenas, muy cerca al territorio de la La Chorrera, donde los indígenas armaron resistencia a los caucheros aunque hubo muchos muertos. Cuando arman los indios y les enseñan cómo usar las armas, ahí está, termina el sometimiento y empieza la recuperación territorial en la Chorrera”.

El ocaso del siringa 
Una vez caído el precio del látex, por la competencia de las grandes plantaciones de caucho en Malacia y otros países asiáticos, donde llegaron exportadas, clandestinamente, las semillas del Hevea brasiliensis, Arana jugó otras cartas para tratar de mantener su poder y el vasto territorio usurpado en el Putumayo. 

En 1907 la Casa Arana se convirtió en la compañía inglesa: The Peruvian Amazon Company, para tratar de zanjar el conflicto colombo-peruano y evitar el litigio territorial que podía generar el alegato de Colombia con títulos indiscutibles de posesión. La compañía contaba, entonces, con unos 5.000 trabajadores. Investido de gran poder Arana no pudo escapar de investigaciones y denuncias de la prensa, las comisiones y las mismas víctimas que le denunciaron penalmente por los crímenes cometidos, pues además la Casa Arana mediante asociación compra forzada, o por métodos violentos, expropió muchas agencias de otros caucheros menores.  

Ante el Juez peruano Carlos E. Valcárcel llegaron denuncias de varias masacres y fusilamientos por aparte de Arana y otros empresarios caucheros. Pero antes que empezará la investigación en su contra, en 1908, Arana logró adueñarse de casi todo el territorio del Putumayo, según el investigador C. Domínguez: “en total poseía 45 centros o estancias en dicho territorio . La Casa Arana se había convertido en un gigante que imponía su ley a sangre y fuego en territorio colombiano”.

Las denuncias produjeron repudio internacional y, por ello los gobiernos de Perú y Colombia tuvieron que firmar un Acuerdo y designar una comisión de investigación la cual encontró que sí, efectivamente se producía un genocidio. Basado en ello y en sus propias investigaciones, en 1911, el juez Valcárcel expidió el Auto resolutorio que ordenaba la detención preventiva del gerente en Iquitos de The Peruvian, Pablo Zumaeta, igual que al representante de la compañía en el Putumayo: Víctor Macedo y a Martín Arana, hermano de Julio. También dictó orden de captura contra Julio C. Arana, medida que luego revocó la Corte de Iquitos.

El ocho de abril de 1913, en Londres, Julio C. Arana compareció, en rendición de cuentas ante el Parlamento Ingles; allí admitió algunas atrocidades, pero indicó que era exagerado lo que se decía y que su actividad había contribuido a ‘civilizar’ los ‘salvajes’ indios. En 1921 Arana fue senador del Perú. Pero no pudo evitar que su gobierno reconociera a Colombia su derecho sobre el Putumayo mediante Tratado Salomón-Lozano de Límites y Navegación suscrito en 1922, y ratificado por el Congreso de la república mediante Ley 55 de 1925.

Antes de su ocaso propició el conflicto colombo peruano en septiembre de 1932, que concluyó, a favor nuestro, cuando Arana creía recuperar su dominio. Después de la guerra Arana obtuvo una indemnización económica de Colombia aproximadamente por 240 mil dólares. Una vez perdió su poder, “su vida empieza a desaparecer de los libros de historia, tras el derrumbe del caucho y el fin de los escándalos del Putumayo”, indica el escritor argentino Ovidio Lagos.

Sus últimos días “El Socio de Dios” como se le conoció a Arana, los vivió con su familia, su esposa Eleonora y sus hijos: Angélica, Lily y Luis en Lima. En 1952 -en Magdalena del Mar sobre la costa del Pacífico, un barrio de arrabal- murió Arana sin fortuna, sin prestigio y olvidado: “no figuraba entre los héroes del Perú, tampoco entre los infames. Simplemente se habían olvidado de su existencia”, concluye Lagos.

Memoria, espanto y esperanza

“En Manaos, de la locura  del caucho sólo quedaba el recuerdo y las tumbas. Miles, millones, de tumbas, esparcidas por la gigantesca selva…”, Vázquez F. Alberto.

Del genocidio del caucho no hubo condena ejemplar alguna: ni ética, ni política, ni penal, hasta hoy sigue impune, pero los ancestros sobrevivientes a las caucherías tienen mucho que reclamar y debemos escucharlos para subsanar esas huellas profundas de dolor y humillación.

Cuando cayó el imperio cauchero vino la desolación, pero surgió la esperanza. Muchos pueblos lograron pervivir y por ellos, nuestras víctimas, hicimos esta memoria. Hoy en La Chorrera, y en general en la Amazonía, autoridades y dirigentes indígenas trabajan en la reconstrucción de la memoria y en la recuperación territorial y cultural que permita, como señalan algunos abuelos y dirigentes: “un nuevo poder positivo que ayude a sanar las herida, lo cual implica defender y proteger nuestra memoria y conocimiento ancestral, la biodiversidad, el territorio lo cual implica la protección de nuestros ancianos, mujeres y niños”.

Pero hay también una gran preocupación por la extinción física y cultural que atraviesan varios pueblos. En el Amazonas hay casos graves de pueblos que agonizan llevando consigo su cultura a la tumba. Hoy el Estado y la sociedad tenemos una deuda inmensa con nuestros hermanos y ancestros: “las comunidades indígenas siguen buscando un lugar que les de su especificidad, su diversidad y la reconozca no sólo en su identidad y en su vida cotidiana, sino en la formación de nuestro acervo histórico, el reconocernos en la parte indígena, sentir que forman parte de nuestra sangre y nuestra herencia”, señala la historiadora Diana Uribe.

La Chorrera patrimonio nacional
La Resolución 0238 de 2008 expedida por el Ministerio de Cultura Nacional, declara la Casa Arana, sede del colegio Casa del Conocimiento, corregimiento La Chorrera, Reguardo Indígena Predio Putumayo, Bien de Interés Cultural de la Nación. Este reconocimiento para Mincultura, la academia y varios dirigentes indígenas implica que se está haciendo memoria de un suceso histórico de trágicas recordaciones y ello busca no repetir los hechos.

Los dirigentes indígenas consultados, coinciden que es un aporte a la memoria comunitaria, pues fueron los pueblos indígenas quienes hicieron la solicitud de reconocimiento. Otros como el médico tradicional Bora: Nulvbumu Conwá, Jesús Teteye, consideran que el reconocimiento como bien patrimonial es; “una superposición dentro del resguardo, una propiedad privada que el Estado tiene dentro de nuestros territorios y es una ventaja administrativa para el gobierno. Para nosotros es una debilidad; consideramos importante que se declare patrimonio nacional por lo que paso, pero no hemos obtenido ningún beneficio con ello”.

Artículo publicado en el Periódico Unidad Indígena, 2010-2011, Edición No. 126

 

 

 

 

 

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